Diversidad cultural

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Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales – Posición de la RIDC

Garry Neil, Director Ejecutivo de la RIDC, 3 de junio de 2005 – 2005/06/03

La Red Internacional para la Diversidad Cultural (RIDC) hace pública su posición sobre el texto del proyecto de Convención adoptado durante la tercera y última sesión de la reunión intergubernamental de expertos de la UNESCO que finalizó sus trabajos el pasado día 3 de junio en París y que será presentada a la Conferencia General para su aprobación en octubre de 2005. En su informe publicado al respecto, Sr. Garry Neil, Director Ejecutivo de la RIDC, destaca que "Durante los últimos días de la reunión del Comité Intergubernamental, los delegados alcanzaron un amplio consenso en torno a los elementos principales de la propuesta de Convención": Relación con otros tratados; Resolución de disputas; Trato preferente; Fondo para el desarrollo cultural.  En la sesión de conclusión, los Estados Unidos, Japón, Australia, Israel, Chile, Argentina y Turquía hicieron una reserva formal sobre las disposiciones del Artículo 20. Diversas combinaciones de estos Estados hicieron también reservas sobre otros elementos del texto, particularmente en lo relativo a buscar que ciertos derechos de la Convención estuvieran “sujetos a las obligaciones internacionales existentes”. Los Estados Unidos expresaron una reserva respecto a “la totalidad del texto” (y) pronunciaron una agresiva declaración final, poniendo de manifiesto ciertas preocupaciones respecto al proceso seguido por el Presidente y sobre el resultado final. Los EU alegaban que la Convención “excede el mandato de la UNESCO” y amenaza con “frenar el progreso hacia la liberalización económica que tanto ha hecho por acrecentar la prosperidad”. Concluyó diciendo que los EU “aún esperan que quede una posibilidad de alcanzar una verdadera Convención consensuada digna de la UNESCO”.

Según la RIDC, "si la Convención es aprobada y ratificada, constituye una vigorosa afirmación del derecho soberano de los Estados para implementar políticas culturales. Enuncia claramente que los bienes y servicios culturales tienen un valor cultural tanto como comercial, y tiene una disposición interesante que prevé que los Estados utilizarán la Convención al interpretar otros tratados. También aporta ciertos modelos positivos para la cooperación internacional".  No obstante, destaca la RIDC, "para constituir un contrapeso efectivo para los acuerdos de comercio e inversión, debería igualmente contener obligaciones de los Estados miembros de emprender acciones para la promoción de la diversidad cultural dentro de sus propios territorios y en el ámbito internacional, así como compromisos de los Estados de ejercer esos derechos en conformidad con principios tales como la apertura de sus mercados a los bienes y servicios culturales de los países del Sur. Las obligaciones y compromisos contenidos en la Convención son, a lo más, modestos".

En un anterior informe (Boletín no 5 de mayo de 2005) que la redacción de la RIDC sugiere que se lea paralelamente a éste, Sr. Neil afirmó que la Convención está lejos de responder a los objetivos adoptados por la RIDC: "Aun cuando confirmará el derecho soberano de los Estados para instrumentar políticas culturales, no complementará este derecho con obligaciones concretas y significativas. Los únicos límites a este derecho son la (muy importante) necesidad de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales y respetar el principio de “apertura y equilibrio”. El ámbito de la Convención se limita a las políticas que tienen un efecto directo sobre las expresiones culturales, y no incorpora aquellas que podrían tener un efecto indirecto, incluso cuando esto es lo que se busca. Las cláusulas sobre cooperación internacional, a excepción del controvertido Artículo 16, siguen siendo obligaciones que los Estados “deben esforzarse por cumplir”; en otras palabras, los Estados sólo tienen la obligación de tratar de hacer las cosas señaladas. De forma similar, los Estados ni siquiera se comprometerán de manera inequívoca a emprender acciones para proteger una forma de expresión cultural que esté en peligro de extinción en sus territorios. Finalmente, no existe obligación alguna de apoyar a los artistas y creadores domésticos". Hizo particular hincapié en los siguientes elementos: “Si esto sigue así, esta erosión de las obligaciones sustantivas puede muy bien llevar a una Convención que no pueda de ninguna manera ser equivalente a los acuerdos comerciales y de inversiones, porque tendrá tan sólo el efecto de reafirmar los derechos soberanos de los Estados para hacer lo que les plazca en el ámbito cultural. Si no se pone límites a estos derechos, u obligaciones mandatorias, no hay base para ninguna disputa (…). En conclusión, la Convención parecería un escudo más bien débil contra la constante presión de las negociaciones multilaterales y bilaterales para eliminar o enmendar las políticas y medidas que promueven la diversidad de las elecciones culturales. Por lo tanto, es tiempo de que el movimiento por la Diversidad Cultural dé un paso atrás y reconsidere si la Convención tiene validez como herramienta política. Siendo que no ha alcanzado los fines que esperábamos, ¿hay un beneficio suficiente en el hecho de confirmar el derecho de los Estados de instrumentar políticas culturales, como para justificar la organización de una campaña a favor de que sea aprobada y ratificada? ¿Será la Convención una herramienta organizativa útil para el trabajo en curso? ¿Podrá convertirse en un punto de convergencia para los grupos de la sociedad civil y los gobiernos que siguen preocupados por la forma en que los acuerdos de comercio y de inversiones son utilizados para sofocar las políticas culturales y a los artistas y productores locales?" La RIDC estudiará cuidadosamente el texto definitivo durante los meses por venir para analizar su eficacia potencial en este aspecto, concluye Sr. Neil. [05-23]